La Building Safety Act 2022 está generando un gran impacto financiero en el mercado inmobiliario del Reino Unido al introducir estrictos requisitos en materia de seguridad, incluyendo la rehabilitación obligatoria de riesgos históricos de incendio, documentación rigurosa de cumplimiento y mayores responsabilidades para los propietarios, independientemente de cuándo ocurrieron los defectos. Promulgada tras la tragedia de la Torre Grenfell, esta legislación ha creado obligaciones de gran alcance para arrendadores y promotores, muchos de los cuales se enfrentan ahora a costes de reparación inesperados y significativos.
Get Living provisiona 210 millones de euros mientras se prepara un recurso legal
Uno de los casos más destacados es el de Get Living, operador de viviendas en alquiler que posee más de 2.800 apartamentos en East Village, Stratford. La empresa ha presentado un recurso contra un fallo que la obliga a cubrir 18 millones de euros en trabajos de seguridad contra incendios en cinco edificios. El conflicto gira en torno a si Get Living debe asumir la responsabilidad por defectos de seguridad heredados mediante una adquisición, pese a no haber construido los edificios.
Get Living ha provisionado aproximadamente 210 millones de euros —incluyendo los 18 millones en litigio— en sus cuentas de 2023 para cubrir posibles responsabilidades en todo su portafolio. El coste total estimado de reparación para el desarrollo de East Village ha aumentado hasta los 500 millones de euros, debido a problemas generalizados en paredes internas y revestimientos.
Otros propietarios también bajo presión
Get Living no es el único afectado. La Building Safety Act impone cargas similares a propietarios en todo el Reino Unido. En otro caso emblemático, el grupo Yianis fue condenado a pagar 24 millones de euros para reemplazar revestimientos inseguros en el complejo Canary Riverside de Londres.
Otros propietarios enfrentan plazos estrictos de cuatro semanas para emitir certificados de conformidad a los inquilinos. No cumplir con este plazo no solo les impide recuperar costes mediante cuotas de servicio, sino que también los expone a responsabilidades financieras ilimitadas, litigios, daños reputacionales y posibles sanciones regulatorias.
Un ejemplo es Portland House en Sheerness, Kent, donde los propietarios están impugnando facturas de alrededor de 16.000 euros por vivienda para cubrir trabajos de seguridad contra incendios. El caso ya ha sido llevado ante los tribunales.
Intervención del gobierno
El gobierno británico está defendiendo activamente la aplicación de la Building Safety Act. En casos anteriores, como las rehabilitaciones de edificios altos en Mánchester y Leeds, el gobierno intervino para garantizar que los propietarios cumplieran con las normas. Estas acciones reflejan una estrategia consistente para trasladar la carga financiera de los inquilinos a los propietarios. La ministra de Vivienda, Angela Rayner, ha intervenido en el recurso de Get Living para reforzar el principio de que los actuales propietarios, y no los arrendatarios, deben asumir la responsabilidad financiera, sin importar quién causó los defectos.
Esta postura sugiere que futuros recursos legales por parte de propietarios podrían enfrentar resistencia a nivel político, subrayando el compromiso del gobierno con una reforma estructural de la seguridad.
Un panorama legal en evolución
Para los propietarios, las implicaciones financieras pueden ser devastadoras. Expertos legales advierten que las disposiciones retroactivas de la ley podrían hacer responsables a los propietarios de miles de edificios por fallos de construcción pasados, incluso si los promotores originales ya no operan.
Aunque la Building Safety Act fue concebida para proteger a los residentes y mejorar la transparencia, también se espera que impulse cambios estructurales a largo plazo en el mercado inmobiliario: una nueva forma de evaluar riesgos, financiar desarrollos y establecer responsabilidades en el sector.
Perspectivas
Con el aumento de litigios y los costes de seguridad en alza, el impacto de la ley sobre la inversión, los seguros y las estrategias de desarrollo inmobiliario será considerable. Para propietarios institucionales como Get Living, los próximos meses podrían definir no solo precedentes legales, sino también el futuro financiero de toda una clase de activos.
